La Defensoría del Pueblo, a través del Equipo de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, tiene como una de sus funciones supervisar el cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley Nº 27050, Ley General de las Personas con Discapacidad y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH, así como proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad cuando estos han sido vulnerados por funcionarios de la administración pública.

La Ley General de la Persona con Discapacidad dispone en los Municipios la ejecución de diversas actividades tendientes a brindar protección y atención adecuada a las personas con discapacidad. Por ello, la Defensoría del Pueblo inició un trabajo de supervisión del cumplimiento de esta norma por parte de los Gobiernos Locales.

De las visitas efectuadas a 20 municipios de la provincia de Lima, recogimos el pedido de contar con información y asesoría sobre la aplicación de acciones y medidas que beneficien a las personas con discapacidad, de acuerdo a la normatividad antes mencionada.

Por esta razón, creemos conveniente resumir las opiniones y experiencias recogidas en diversas reuniones con autoridades municipales que han iniciado ya una labor para el desarrollo de las personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad y personas interesadas en la materia.

La presente cartilla tiene como principal objetivo formular lineamientos de trabajo y sugerencias para que los Municipios inicien, o en su caso continúen, una política de protección y participación de los vecinos con discapacidad en su comunidad, tendiente a lograr su desarrollo integral contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

El presente documento se encuentra dividido en dos secciones. Una primera parte referida a la constitución de oficinas municipales de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad, en donde se proponen sugerencias de carácter administrativo y organizacional para su adecuado funcionamiento. La segunda parte establece recomendaciones para que la Municipalidad, dentro de sus funciones cotidianas, pueda desarrollar acciones que favorezcan la promoción y accesibilidad a la comunidad de las personas con discapacidad.

Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento al licenciado Jaime Salas Muñoz y al licenciado Jorge Llerena Asmat y a las organizaciones de personas con discapacidad que aportaron documentación relacionada con el tema.

Finalmente, renovamos el compromiso de la Defensoría del Pueblo de asumir un rol activo en la búsqueda de alternativas que contribuyan a la mejor participación en la sociedad de la persona con discapacidad.

La Ley General de la Persona con Discapacidad expresa en su artículo 10º lo siguiente:

Las Municipalidades o Gobiernos Locales son instituciones que forman parte de la estructura orgánica del Estado. Su principal característica es la cercana relación que mantiene con la comunidad de su jurisdicción. A través de los municipios, la ciudadanía expone los problemas localizados en el desarrollo de su vida cotidiana, canalizando propuestas de solución a favor de la integración de los vecinos para una mejor convivencia en armonía. El Municipio, sin duda alguna, facilita la comunicación y el trabajo conjunto entre los gobernantes y la población.

La población se encuentra integrada por un conjunto de personas entre quienes destacan los niños y niñas, estudiantes, jóvenes, amas de casa, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros. Cada uno de ellos con demandas propias que requieren una respuesta oportuna por parte del Gobierno Local.

En el caso de las personas con discapacidad se ha dado un paso muy importante con la promulgación de la Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. Dicha norma resalta la labor del Municipio a través de la creación de una oficina especializada que favorezca la participación, promoción y organización de este sector de la comunidad.

La creación de esta Oficina de Protección, Participación y Organización de los Vecinos con Discapacidad, responde a la atención y preocupación que la Municipalidad proporciona a uno de los sectores más vulnerables de la comunidad, lo que se encuentra estipulado en la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo artículo 67º, inciso 4º señala:

Por lo tanto, la Ley General de la Persona con Discapacidad no hace sino complementar la importancia de la protección de las personas con discapacidad ya expuesta en la Ley Orgánica de Municipalidades, delegando en ellas como una función la creación de una oficina para la atención de las personas con discapacidad.

Los Municipios cuentan con una estructura orgánica ya establecida. La creación de una oficina especializada en temas de discapacidad exige modificar dicha organización, ya que para su funcionamiento se requiere contar con un área física accesible (libre de barreras arquitectónicas), con un presupuesto asignado y con personal a cargo, lo que brindara autonomía en su manejo y administración.

No obstante, durante las visitas realizadas por el Equipo de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad a diversos Municipios de la provincia de Lima - y luego de entrevistarnos con las autoridades municipales-, encontramos que los Gobiernos Locales no contaban con un presupuesto que permitiera cubrir el costo de la instalación y funcionamiento, por ello, resultaba poco probable integrar esta nueva oficina dentro del organigrama municipal.

Tal salvedad resulta comprensible, sin embargo, no puede constituir una razón para no cumplir con lo establecido por la Ley Nº 27050. En tal sentido, proponemos como alternativas las siguientes:

1. Crear la Oficina de Protección, Participación y Organización de los Vecinos con Discapacidad, como un programa dependiente de la Dirección de Participación Vecinal.

2. Crear la Oficina de Protección, Participación y Organización de los Vecinos con Discapacidad como un programa dependiente de la Dirección de Servicios Sociales.

Ambas soluciones, permiten la apertura de un área especializada que cumpla las funciones de atención a las personas con discapacidad. En otros casos, como lo hace actualmente el Municipio de Barranco ubicado en la ciudad de Lima, ambas Direcciones - Participación Vecinal y Servicios Sociales - han establecido como prioridad el trato a las personas con discapacidad, realizando actividades que favorezcan su participación, aunque cabe resaltar que es la Dirección de Servicios Sociales la que lidera la misión de apoyo a los vecinos con discapacidad de ese distrito.

Inaugurando la Oficina de Protección, Participación y Organización de los Vecinos con Discapacidad como dependencia de una Dirección Municipal ya constituida y presupuestada, facilitamos el inicio de sus labores en favor de las personas con discapacidad, permitiendo el uso de recursos y personal municipal. No obstante estas recomendaciones, no debemos olvidar que el principal objetivo es que esta Oficina se constituya como un área autónoma dentro de la estructura municipal.

La Ley General de la Persona con Discapacidad dispone la creación, por parte de los Municipios, de oficinas de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad. Tal designación engloba las tres principales funciones que ésta área debe realizar, aunque también se entiende como el nombre a adoptar para denominarla.

De las visitas realizadas a algunos municipios de la ciudad de Lima, hemos encontrado que oficinas ya constituidas han adoptado una denominación distinta. Es el caso de la Municipalidad de Surquillo y la Municipalidad de San Juan de Miraflores que han denominado a estas áreas: Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, conocida bajo las siglas de OMAPED.

Dicha calificación engloba no sólo las funciones de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad, sino también la tarea de difusión, promoción, prevención y todas aquéllas relacionadas a la participación de la persona con discapacidad. Asimismo, dicho nombre permite utilizar la sigla "OMAPED", abreviando su designación.

El uso de la sigla OMAPED alcanza importancia si atribuimos que dicho nombre puede servir para identificar en cada Municipio a la división encargada de la atención de personas con discapacidad, uniformizando a la vez sus actividades, labores y estructura. Así como en cada Municipio existe una Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, conocida por su abreviatura "DEMUNA", de igual modo, sería conveniente utilizar una misma denominación en los Gobiernos Locales para las oficinas de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad, lo que crearía uniformidad y reconocimiento de esta nueva oficina.

Luego de entrevistarnos con autoridades de los diversos municipios de la ciudad de Lima, nos percatamos que, en su interés por brindar el mejor servicio a los vecinos con discapacidad, los municipios requerían obtener otras fuentes de ingresos económicos para el adecuado funcionamiento de las áreas de atención a las personas con discapacidad. El limitado presupuesto con que cuentan y la diversidad de áreas que requieren atención municipal, exige a los Municipios adoptar medidas para alcanzar apoyo económico. Una de esas medidas es constituir la oficina de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad como un "Programa", lo que permitiría recibir donaciones.

Asimismo, otros funcionarios han sustentado que la denominación de "oficina" está referida no a la posición que dicha área deba ocupar en el organigrama municipal, sino a la obligación de contar con un espacio físico accesible en donde se brinde atención a los vecinos con discapacidad que lo soliciten, por lo que constituir un Programa de Atención a las Personas con Discapacidad sería factible.

Las posiciones adoptadas y argumentos esgrimidos son valederos y constituyen esfuerzos de las autoridades municipales por constituir un área especializada en la atención de vecinos con discapacidad. Dado que el Reglamento de la Ley General de la persona con Discapacidad no detalla la forma de constitución, ni los alcances, ni actuación de las oficinas de protección, participación y organización de personas con discapacidad, resulta comprensible la diversidad de criterios ante un tema tan novedoso.

Sin embargo, resaltamos nuevamente la necesidad de instituir en los Municipios, un área de atención a la persona con discapacidad con independencia propia (presupuesto, personal, entre otros) y que se encuentre incluido en el organigrama municipal. Tal área requiere un espacio físico donde establecerse, así como personal y presupuesto para desempeñar sus labores mínimas. Si bien en un primer momento estas divisiones pueden funcionar como programas de atención a las personas con discapacidad para obtener financiamiento a través de donaciones, sería recomendable que posteriormente se integraran como "oficinas" municipales.

Conformada la oficina de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad, es conveniente su inclusión dentro del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Municipio, el cual determinará la división municipal de la que depende administrativa y funcionalmente. También detallará las funciones generales de esta nueva oficina.

Tal acción, que constituye requisito indispensable para legitimar las funciones de la oficina de atención de las personas con discapacidad, debe complementarse con la redacción del Manual de Organización y Funciones (MOF). Este documento detallará las funciones a realizar, el personal del que está compuesto la oficina y las actividades que cada uno desarrolla. Contemplará también la obligación de elaborar cada año un Plan Operativo Anual que indique las líneas de trabajo y el presupuesto para el desarrollo de las tareas dispuestas.

El número de integrantes de la oficina de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad depende inicialmente del personal disponible en la Municipalidad para efectuar tal labor y de la estructura del Cuadro de Asignación de Personal (CAP), lo que permitirá o no la contratación de nuevos recursos humanos.

Al margen de ello, estimamos que para el funcionamiento de la oficina es ventajoso contar con el apoyo de dos funcionarios: un jefe o coordinador y un asistente o auxiliar.

El jefe o coordinador está encargado de dirigir y organizar el trabajo de la oficina de atención del vecino con discapacidad. Señala y propone los lineamientos de trabajo, por tanto, es el encargado de elaborar el Plan Operativo Anual y presentar el respectivo presupuesto. Además, como responsable de la dirección en materia de discapacidad, coordina con las demás divisiones municipales a fin de difundir y promover labores a favor de la persona con discapacidad.

De igual modo, es el encargado de entablar comunicación con las instituciones y organizaciones vinculadas al tema de la discapacidad y, en caso de creerlo conveniente, proponer al Municipio la firma de convenios de cooperación entre el Gobierno Local y la entidad especializada.

El asistente o auxiliar coopera y contribuye a la gestión de la oficina, mediante la atención al público, recepción de petitorios y consultas, y derivación de casos - de considerarlo necesario - a las entidades u organismos especializados, informando de sus acciones al jefe de la oficina. También apoya las labores de difusión de los derechos de las personas con discapacidad que realice el Municipio.

Sería favorable que, de contar con los recursos necesarios, pudiera incluirse dentro del personal a una secretaría y a una asistenta social ya que la mayor cantidad de casos resultar ser de índole humanitario y/o social.

De no poder contar con los servicios de una secretaria, es aconsejable que quien realice las labores de asistente apoye también las labores secretariales.

El personal puede estar constituido tanto por personas con discapacidad como por personas sin discapacidad, es decir un equipo multidisciplinario con mucha sensibilidad. El Municipio debe procurar su constante capacitación en el tema.

La cercanía de los Gobiernos Locales a la comunidad demanda la ejecución de actividades que permitan el acercamiento constante y la integración de las personas con discapacidad de la localidad, por ello entre las principales funciones a desarrollar encontramos:

A través de esta actividad, la oficina de protección, participación y organización de las personas con discapacidad mantiene relación y constante comunicación con las instituciones ligadas al tema de la discapacidad, contando entre ellas a las asociaciones de personas con discapacidad del distrito, hospitales, centros de rehabilitación, centros de educación especial, entre otros.

El vínculo con dichas instituciones permitirá a la oficina municipal conocer la temática del sector de personas con discapacidad, así como orientar sus actividades y establecer políticas de trabajo, pudiendo incluso suscribirse un convenio de apoyo entre las organizaciones y el Municipio. Para la actualización del registro puede coordinarse con el Consejo Nacional de Integración de las Personas con Discapacidad – CONADIS. Conjuntamente con estas instituciones se puede elaborar proyectos de desarrollo e integración a favor de las personas con discapacidad.

La oficina de atención a las personas con discapacidad debe conocer cuál es el número de vecinos de su jurisdicción que presentan una discapacidad y mantener un padrón actualizado de sus datos. Para esta actividad, es recomendable la realización de un censo. También puede solicitarse al Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI el apoyo para censar a la población con discapacidad del distrito. Para la actualización del registro puede coordinarse con el Consejo Nacional de Integración de las Personas con Discapacidad – CONADIS el que aportaría sugerencias.

Una manera de visitar el distrito ubicando a las personas con discapacidad es dividir el área en sectores que serían visitados de acuerdo a un cronograma establecido por la oficina de protección, participación y organización de personas con discapacidad.

Esta actividad incluye la recepción de consultas, petitorios y quejas, las que deben ser evaluadas por el personal de la oficina, pudiendo derivar los casos, según la competencia, a diversas entidades como el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), colegios de educación especial, Consejo Nacional de Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Defensoria del Pueblo, ESSALUD, ONGs y otros. Provechoso sería también celebrar convenios con consultorios jurídicos gratuitos u organizaciones de personas con discapacidad que brinden apoyo para la resolución de casos jurídicos, sociales, psicológicos y otros.

Los municipios deben fomentar en la colectividad la participación de la persona con discapacidad en todos sus niveles, lo que se puede lograr a través de actividades de promoción como foros, seminarios y otros eventos. Esta labor puede desarrollarse en coordinación con asociaciones de personas con discapacidad y entidades competentes. Asimismo, se incluirán actividades de recreación, paseos, lonches, misas en donde se busque la participación de las personas con y sin discapacidad de la comunidad.

Esta actividad es una de las más importantes pues permite establecer medidas efectivas para prevenir y diagnosticar las discapacidades físicas, mentales y sensoriales, evitando también que éstas tengan mayores consecuencias.

El Municipio puede celebrar convenios con los centros de salud y rehabilitación de su distrito. Junto a ellos pueden realizar campañas de prevención de la discapacidad (campañas de prevención de la ceguera, sordera, campañas contra la desnutrición, vacunación, entre otros). De igual modo, puede concertar con centros de salud y centros de rehabilitación que, aunque no se encuentren en su jurisdicción, puedan atender y brindar su servicio a las personas con discapacidad, gestionando la oficina de atención a la persona con discapacidad, la ayuda social necesaria.

Sería recomendable suscribir un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación y/o con los Centros de Rehabilitación Profesional de ESSALUD (CERP), para que éstos brinden una atención especial a las personas con discapacidad y sus familiares, que sean derivados a dichas instituciones por la oficina municipal.

También puede organizar charlas sobre temas de prevención dirigidas a la comunidad, en especial a las familias de personas con discapacidad, contando con la presencia de especialistas. Conveniente sería que estas charlas se realicen en su mayoría en zonas vulnerables como pueblos jóvenes y asentamientos humanos.

Como oficina municipal entendida en temas de discapacidad, debe realizar investigaciones dentro de su distrito, tendientes a reconocer los actos de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad haciéndolos conocer a su respectivo Municipio y a las entidades que sean competentes para ello.

El Municipio puede convocar la realización de actividades deportivas interescolares, integrando a los alumnos de colegios de educación especial con los alumnos de colegios de educación regular. También puede fomentar la realización de campeonatos deportivos para personas con discapacidad y suscribir un convenio con el Instituto Peruano del Deporte – IPD.

Para esta actividad, puede celebrarse un convenio con el Ministerio de Trabajo a fin de que éste proporcione la relación de puestos de trabajo ofertados, la que sería publicada en el Municipio. Asimismo, el Municipio derivaría a esta entidad los currículum de las personas con discapacidad para que se les apoye en la colocación de un puesto de trabajo.

De igual modo el Municipio puede recibir proyectos de formación de microempresas, empresas promocionales y transmitirlos al CONADIS para la formación de un Banco de Proyectos, estipulado en la Ley General de la Persona con Discapacidad.

La oficina municipal de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad, por su cercanía a la comunidad, se presenta con un lugar estratégico en donde este sector de la población puede hacer llegar sus propuestas y proyectos de trabajo y enterarse de la realización de talleres de capacitación.

La oficina de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad dispondrá la realización de las actividades que estime conveniente y que resulten beneficiosas para las personas con discapacidad.

La Ley General de la Persona con Discapacidad dispone sobre este tema lo siguiente:

En un país con alto crecimiento de población en donde la respuesta de las entidades públicas y privadas no logra ofrecer alternativas de empleo, resulta legítimo que cada persona inicie sus propias actividades. Algunas de ellas como parte de una economía informal (participación en el comercio ambulatorio) o conformando microempresas.

Las personas con discapacidad no se encuentran ajenas a esta situación pues, ante la falta de puestos de trabajo, muchas de ellas han constituido microempresas y, en otros casos, empresas promocionales elaborando productos manufacturados. Las personas con discapacidad buscan así participar y contribuir a la sociedad, demostrando sus habilidades y buen desempeño.

Según la Ley Nº 27050, los Municipios están llamados a impulsar la comercialización de los productos manufacturados por personas con discapacidad en las ferias populares, mercados y centros comerciales de la comunidad.

Las Municipalidades están facultadas a ordenar el comercio en sus respectivas zonas, promoviendo la creación de mercados. Además, para organizar el comercio ambulatorio, están autorizadas a constituir también campos feriales que son zonas debidamente acondicionadas para la realización de la venta ambulatoria. Estar presentes en los mercados, campos feriales o centros comerciales otorga a los comerciantes una "estabilidad" y acceso al trabajo ya que cuentan con un espacio físico permanente en donde ofrecer sus productos, asegurando la concurrencia de clientela y por ende la generación de ingresos.

La promoción de los productos manufacturados elaborados por personas con discapacidad estarían reflejadas en las siguientes acciones:

• Asignación de un espacio físico accesible que permita ofrecer los productos manufacturados por las personas con discapacidad en los centros comerciales, mercados y campos feriales.

• Priorizar la concesión de las licencias de funcionamiento de los negocios y empresas de personas con discapacidad.

Sin embargo, tales acciones deben ser complementadas con medidas que aseguren al comerciante con discapacidad una estabilidad, por lo que resulta conveniente considerar estas actuaciones:

• Adaptación de los servicios públicos de los campos feriales, mercados y centros comerciales para hacerlos accesibles a personas con discapacidad (teniendo en cuenta su presencia permanente como comerciantes en dichos lugares).

• Reordenar las rutas del transporte urbano para asegurar la visita de clientela a los centros de comercio, sobre todo aquellos en donde se establecen los negocios de personas con discapacidad.

La enumeración de estas acciones no limita otras iniciativas que el Municipio pueda adoptar para favorecer la participación de las personas con discapacidad y sus productos en los centros de comercio de la comunidad.

Lograr la plena integración de las personas con discapacidad significa ofrecerles una comunidad en la que puedan desenvolverse y satisfacer sus necesidades sin complicaciones. Es decir, presentarles una sociedad accesible en sus diversas facetas. La creación de una oficina municipal encargada de brindarles el apoyo requerido es un paso para la creación de políticas municipales que permitan el desarrollo de una comunidad cercana.

La Ley General de la Persona con Discapacidad presenta una serie de disposiciones que determinan acciones concretas para desarrollar una sociedad más alcanzable para la personas con discapacidad, algunas de ellas atribuidas directamente a la competencia municipal, otras que aunque no hagan mención a la labor municipal, requieren del esfuerzo de estos organismos para su desarrollo. Hemos creído por conveniente dividir las disposiciones en: eliminación de barreras culturales, eliminación de barreras sociales y eliminación de barreras arquitectónicas. Tal división permitirá apreciar las acciones que el municipio requiere desarrollar para cumplir lo estipulado en la Ley Nº 27050.

Los Municipios, en su gran mayoría, cuentan con bibliotecas que se encuentran al servicio de la comunidad. Resultaría provechoso que los Gobiernos Locales adaptaran las instalaciones de la biblioteca municipal permitiendo no sólo el acceso de las personas con discapacidad al local físico, sino a la lectura y demás servicios. Para ello puede adoptarse las siguientes medidas:

• Que el local de la biblioteca municipal se encuentre ubicado en un primer piso: Al no existir gradas se facilita el acceso de las personas con discapacidad física, sobre todo, aquellos que utilizan sillas de rueda, muletas, bastones y otros. En caso de que el local esté ubicado en un piso superior sería conveniente instalar rampas de acceso a la biblioteca. También se colocará la señalización apropiada.

• Colocación de estantes especiales conteniendo libros en Braille: Es recomendable que las bibliotecas municipales destinen un grupo de estantes únicamente para la colocación de libros de Braille, lo que permitiría su fácil ubicación por las personas con discapacidad visual. No obstante, de contarse con ficheros, es recomendable que estén también escritos en Braille.

• Adquisición de libros y revistas en Braille: Algunas bibliotecas cuentan con ediciones de libros y revistas en Braille. Sería conveniente que la biblioteca municipal pudiera adquirir ejemplares actualizados. Para ello, el Municipio puede suscribir un convenio con organizaciones de personas con discapacidad visual que apoye la donación de textos en Braille. Además, recomendamos la suscripción a instituciones que gratuitamente hacen llegar ejemplares en Braille de revistas e informativos variados. Dentro de estas instituciones encontramos a:

Biblioteca argentina para Ciegos.

Lezica 3909 (1202). Buenos Aires, C.F.

Durazno 177211.200-Montevideo-Uruguay

• Implementación del libro hablado: Dada la dificultad de adquirir cuentos, novelas y otro tipo de material bibliográfico en sistema Braille, la biblioteca municipal puede disponer que éstos sean leídos y grabados en cassettes, elaborándose así libros hablados.

• Práctica de un sistema de voluntariado: Puede invitarse a la comunidad a prestar un servicio de voluntariado en la biblioteca municipal, colaborando con la elaboración de libros hablados y en otros casos, dedicando algunas horas de tiempo para leer los textos a las personas con discapacidad visual que acudan a la biblioteca.

• Creación de una sala de lectura para personas invidentes: Ello, para evitar interrumpir la lectura de los demás usuarios de la biblioteca. En todo caso, la biblioteca puede adquirir audífonos para escuchar los libros hablados.

De igual modo, el municipio puede sugerir alas bibliotecas públicas de su jurisdicción, así como a las privadas, la implementación de bibliotecas accesibles a personas con discapacidad. Todas estas acciones serán coordinadas con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

Los Municipios organizan actividades culturales y deportivas. Según la Ley General de la Persona con Discapacidad, éstas tienen derecho a acudir a estos eventos con un descuento de hasta el cincuenta por ciento en el valor de la entrada. Sin embargo, se exige como requisito que la persona con discapacidad se encuentre inscrita en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad que lleva el CONADIS.

Si bien la inscripción de la persona con discapacidad se acredita a través de una credencial otorgada por el CONADIS, es recomendable que todo Municipio mantenga contacto constante con esta entidad.

Con respecto a este artículo, debemos mencionar que el 08 de agosto de 1989, el Concejo Provincial de Lima, publicó la Ordenanza Nº 029-89, que modificaba el reglamento del servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros para la provincia de Lima. Dicha norma establece que los vehículos de transporte público debían reservar sus primeros asientos para personas con discapacidad física (minusválidos), madres gestantes, madres con niños en brazos y personas de la tercera edad. Esta disposición, debe cumplirse en toda la provincia de Lima, por lo que los municipios distritales tomarán las medidas pertinentes y coordinarán con las autoridades para su difusión y cumplimiento.

Asimismo, resultaría beneficioso acompañar esta actividad con el desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad civil con el objeto de difundir este derecho y promover que los usuarios respeten los lugares reservados.

La Defensoría del Pueblo ha recibido algunas quejas contra el servicio que prestan los vehículos de transporte público de pasajeros, pues éstos no se estarían deteniendo para recoger a las personas con discapacidad. Dado que el artículo 10º, inciso 5 de la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, faculta a regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito, estimamos que los municipios no sólo deben velar por la reserva de asientos preferenciales, sino que deben vigilar que dichos vehículos cumplan con recoger a pasajeros con discapacidad.

Los Municipios están facultados para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales. Uno de estos servicios corresponde a los parqueos públicos, los que en su mayoría están ubicados en las zonas comerciales del distrito. Es menester que los Gobiernos Locales dispongan de un número determinado de espacios de estacionamiento para vehículos de personas con discapacidad. Estos espacios deben ser identificables por lo que en ellos se colocará señalización adecuada (por ejemplo, dibujar el símbolo de acceso para personas con discapacidad). El diseño de los parqueos se adecuará a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 1379-78-VC-3500.

El fin de dicha medida es facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad. Por tanto, debe a su vez vigilar que los parqueos reservados no sean utilizados por personas sin discapacidad. Si bien la Ley establece que por Reglamento se fijará la multa a imponer a quienes mal utilicen estos espacios, dicha disposición no ha sido complementada ya que el Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, publicado el 05 de abril del 2000, no ha hecho mención a los montos a aplicar.

Por tanto, los Municipios, a través de la oficina de atención a personas con discapacidad coordinará con el CONADIS para velar por el cumplimiento de esta disposición.

El Municipios, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y otras dependencias competentes, adoptará las políticas necesarias para adecuar el diseño urbano de su jurisdicción, eliminando todo tipo de barreras arquitectónicas y comunicacionales. Es decir, que los locales de instituciones públicas y privadas, las calles, parques, plazas sean de fácil acceso para las personas con discapacidad.

Este trabajo seguirá lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 1379-78-VC-3500 sobre adecuación urbanística y arquitectónica para limitados físicos; la Ley Nº 23347 que dispone la obligatoriedad de rampas para personas con discapacidad física que utilicen sillas de ruedas; y en el caso de los municipios ubicados en la ciudad de Lima, el Decreto de Alcaldía Nº 045 que sanciona el no cumplimiento de las normas de adecuación arquitectónica para limitados físicos.

No obstante, cabe recordar que en muchos casos diversos locales no podrán adaptar su infraestructura pues la antigüedad de los mismos no permite cumplir con las medidas para la construcción de rampas, ampliación de puertas, adecuación de servicios higiénicos y otros. Sería conveniente que los Municipios adopten medidas para ayudar a estos locales en la mejor adaptación de su estructura. Este artículo se ve complementado por el Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH, Reglamento de la Ley, que establece pautas para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

La eliminación de barreras arquitectónicas exige desde ya a los Municipios demandar que las nuevas construcciones de su jurisdicción contemplen facilidades de acceso para las personas con discapacidad. Por tanto, las licencias de construcción de nuevos locales a los que acceda el público en general se otorgarán verificando que respeten las normas de accesibilidad.

De otro lado y como se mencionó, los locales ya construidos deben adaptar su infraestructura. La Ley General de la Persona con Discapacidad otorgó un plazo para la adecuación. Dado que éste plazo ha vencido, los municipios debieran adoptar las medidas necesarias para incentivar la adecuación de las infraestructuras.

Las actividades de sensibilización y concientización pueden ser encargadas a la oficina municipal de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad. Dichas oficinas pueden realizar labores de difusión sobre el tema de discapacidad a través de foros, seminarios, actividades recreativas entre los vecinos con y sin discapacidad, interesando y comprometiendo a los medios de comunicación para la difusión de estos eventos.

Esta labor, sin embargo, resultaría más efectiva de contar con el apoyo de otros programas y direcciones municipales. Así, las charlas de sensibilización y concientización deben ser dadas primero al personal municipal para buscar su compenetración con el tema, a los participantes de los programas del vaso de leche, a las autoridades de la localidad y a la comunidad en general.