Resolución 36/1. Promoción de la integración y participación social de toda la gente, incluidos los grupos y personas desfavorecidos y vulnerables[1]

 

La Comisión de Desarrollo Social,

 

Habiendo examinado el tema prioritario para 1998, "Promoción de la

integración y participación social de toda la gente, incluidos los grupos y

personas desfavorecidos y vulnerables",

 

1. Toma nota del informe del Secretario General sobre la promoción de la

integración y participación social de toda la gente, incluidos los grupos y

personas desfavorecidos y vulnerables[2];

 

2. Decide aprobar las siguientes conclusiones convenidas y transmitirlas

al Consejo Económico y Social para que éste las examine en su período de

sesiones sustantivo de 1998 y adopte medidas de seguimiento apropiadas;

 

3. Decide también transmitir las conclusiones convenidas a la Comisión

Preparatoria del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en el

año 2000 para llevar a cabo un examen y evaluación generales de la aplicación de

los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, incluido el período

de sesiones de organización de la Comisión (19 a 22 de mayo de 1998), y a la

Comisión de Estupefacientes, en su segundo período de sesiones (16 a 20 de marzo

de 1998) como órgano preparatorio del período extraordinario de sesiones de la

Asamblea General de junio de 1998, dedicado a la lucha contra la producción, la

venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y

sustancias sicotrópicas y actividades conexas.

 

CONCLUSIONES CONVENIDAS SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN

Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE TODA LA GENTE, INCLUIDOS LOS GRUPOS

Y PERSONAS DESFAVORECIDOS Y VULNERABLES

 

1. La mejor manera de promover la integración social es hacerlo en

estrecha armonía con los esfuerzos por ampliar el empleo productivo y erradicar

la pobreza, habida cuenta de que se refuerzan mutuamente.

 

2. La responsabilidad principal de la promoción de la integración social

corresponde a los gobiernos nacionales. El desarrollo social no puede lograrse

satisfactoriamente sin la dedicación y los esfuerzos colectivos de la comunidad

internacional. En este contexto, la comunidad internacional debe apoyar

enérgicamente las actividades que realizan los países en desarrollo para

resolver sus graves problemas económicos y sociales. Para poder cumplir este

cometido, será necesario ampliar y fortalecer la participación de todos los

países, en particular los países en desarrollo, en el proceso de adopción de

decisiones económicas a nivel internacional.

 

3. La mundialización de la economía plantea oportunidades y desafíos en

el proceso de desarrollo, y al mismo tiempo entraña riesgos e incertidumbre.

Como resultado de ese proceso de mundialización y de creciente interdependencia

en las esferas económica, social y ambiental, son cada vez más numerosos los

problemas que los países no pueden abordar eficazmente por sí solos. En

consecuencia, se necesita la cooperación internacional. Además, los agentes no

estatales de alcance mundial, como las empresas transnacionales, las

instituciones financieras privadas y las organizaciones no gubernamentales,

tienen importantes funciones que desempeñar en la nueva red de cooperación

internacional.

 

4. La cooperación mundial y la asociación se deben basar en la igualdad

soberana y en el respeto y el beneficio mutuos. Deben tener presente las

diferencias en el nivel de desarrollo de los diversos países y la necesidad de

acortar la distancia que separa a los países desarrollados de los países en

desarrollo. De conformidad con los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial

sobre Desarrollo Social, es necesario que los países cumplan el compromiso

relacionado con la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y que

proporcionen recursos adicionales y aumenten las corrientes de recursos tanto de

fuentes públicas como privadas hacia los países en desarrollo, en particular los

menos adelantados, con miras a promover sus programas de desarrollo social.

 

5. Los países con economías en transición, en los que están en marcha

transformaciones políticas, económicas y sociales fundamentales, también

necesitan el apoyo de la comunidad internacional.

 

6. Cuando los efectos de la mundialización sobre la integración social se

refieren a la inestabilidad de los mercados de trabajo, el empobrecimiento, la

mayor vulnerabilidad y la marginación de individuos y grupos, deben ser atacados

mediante medidas positivas a los niveles local, nacional, regional e

internacional a fin de reducirlos al mínimo y promover el desarrollo social.

Hay que hacer todo lo posible por asegurar que la mundialización ofrezca

oportunidades a todos los países, en particular a los países de África y a los

menos adelantados.

 

7. Las asociaciones entre gobiernos, el sector privado y la sociedad

civil son necesarias para promover prácticas comerciales éticas, entre otras

cosas, mediante códigos de conducta voluntarios que contribuyan a la integración

social. Las organizaciones internacionales pertinentes, como la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Cooperación y Desarrollo

Económicos (OCDE), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo (UNCTAD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Industrial (ONUDI) y el Banco Mundial, deben ser alentadas a apoyar este

proceso.

 

8. Para asegurar que las políticas macroeconómicas orientadas hacia el

crecimiento establezcan sociedades con un alcance más amplio, se debe prestar

atención a la integración del desarrollo social, incluida la maximización del

crecimiento del empleo productivo y la promoción de la integración social.

 

9. El desarrollo social, y en particular la erradicación de la pobreza,

facilitan el disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas. La

integración social debe buscarse en cada país sobre la base del respeto de todos

los derechos humanos y las libertades fundamentales, la diversidad cultural y

religiosa y las necesidades especiales de los grupos vulnerables y

desfavorecidos, la participación democrática y el imperio de la ley.

 

10. El desarrollo social exige que las personas sean el objetivo central

del desarrollo, basado en la dignidad inherente y el valor de la persona humana.

Requiere también el respeto de todos los derechos humanos y las libertades

fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. El desarrollo social facilita

el disfrute de todos los derechos humanos. La pobreza es una causa de exclusión

social. Un entorno económico favorable a nivel internacional reforzaría la

eficacia de las políticas de desarrollo social a nivel nacional.

 

11. El desarrollo social exige también el respeto de todos los derechos y

libertades establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos[3]. Todos

tienen derecho a un orden social e internacional en el que puedan realizar

plenamente los derechos y libertades establecidos en la Declaración Universal de

Derechos Humanos.

 

12. El desarrollo social y la integración social exigen criterios amplios

y generales y deben abordar las causas fundamentales de la exclusión social o la

marginación.

 

13. La integración social exige también inversiones en instituciones

sociales y capital social, el mejoramiento de las redes sociales, la creación de

un consenso y el fomento de la capacidad individual y de las organizaciones,

especialmente de quienes viven en la pobreza o están marginados de otra manera.

Las políticas de integración social deben respetar la diversidad cultural y

prevenir la exclusión sobre la base de la cultura.

 

A. Promoción de la integración social mediante un gobierno

responsable, la plena participación en la sociedad, la

no discriminación, la tolerancia, la igualdad y la

justicia social

 

14. Los gobiernos tienen la obligación de crear un entorno en que se

propicie la participación, se desarrolle el potencial de las personas y se

combatan todas las formas de discriminación, incluida la discriminación contra

las mujeres, las minorías y los grupos vulnerables y en desventaja.

 

15. La promoción de un gobierno mas responsable que sea representativo y

transparente, y que rinda cuentas, es un factor importante para mejorar la

integración y la justicia sociales y la participación plena.

 

16. La participación, que se expresa de diversas formas y se traduce en

diversas prácticas, debe promoverse en todos los planos: nacional, regional e

internacional. La participación de los ciudadanos en las actividades de la

comunidad, en el gobierno local y en el plano nacional constituye un objetivo

fundamental.

 

17. La potenciación de las comunidades en el plano local, entre otras

formas, mediante la descentralización, es un factor importante para la promoción

de la participación plena. Se alienta a los gobiernos a desarrollar el

potencial de las comunidades y los gobiernos locales y a promover la

participación de las personas en todas las cuestiones que las afecten.

 

18. Las actividades de carácter voluntario, incluidas las actividades de

las organizaciones no gubernamentales y de los grupos de autoayuda son un

importante medio para prestar y mejorar servicios, y para fortalecer la

promoción de intereses en los planos local y nacional; es preciso alentar y

reconocer esas actividades, entre otras cosas, teniendo en cuenta debidamente

los conocimientos y las aptitudes que se adquieren en la realización de esas

actividades voluntarias.

 

19. Para construir una sociedad más inclusiva, hay que perfeccionar las

normas que promueven el desarrollo y la integración social estableciendo

mecanismos para tener en cuenta las diversas opiniones y perspectivas y

promoviendo la participación de todas las personas, en particular las personas

vulnerables y marginadas.

 

20. Un entorno favorable a la formación y el desarrollo de organizaciones

de la sociedad civil a todos los niveles, y la interacción activa de esas

organizaciones con las instituciones públicas contribuyen considerablemente al

aumento de la participación, teniendo en cuenta su contexto nacional concreto.

 

21. En el contexto de la formulación de instrumentos y programas de

política para promover "una sociedad para todos", dos consideraciones deberían

orientar las medidas para fomentar la participación de todos los individuos y

grupos, la interdependencia de todos los miembros de la sociedad y la posible

contribución colectiva de todas las personas a lo largo de toda su vida.

 

22. A este respecto, el Año Internacional de las Personas de Edad que se

celebrará en 1999 brinda a todos los agentes, en todos los planos una

oportunidad, de adoptar medidas prácticas para asegurar que las personas de edad

puedan integrarse plenamente en la sociedad y seguir participando en ellas,

promoviendo así el objetivo de una "sociedad para todas las edades".

 

23. La familia es la unidad básica de la sociedad y, como tal, debe ser

fortalecida. La familia tiene derecho a que se le preste apoyo y protección.

En diferentes sistemas culturales, políticos y sociales coexisten diversos tipos

de familias. Se deben respetar los derechos, las capacidades y las

responsabilidades de los miembros de la familia.

 

24. Se debe prestar apoyo a la familia para que pueda cumplir sus

funciones de apoyo, educación y dirección y para que contribuya a la integración

social, y esta ayuda debe abarcar: a) fomentar las políticas económicas y

sociales que tienen por objeto satisfacer las necesidades de las familias y de

sus miembros, especialmente los más vulnerables y desfavorecidos, prestando

especial atención al cuidado de los niños; b) velar por que los miembros de la

familia comprendan y asuman sus responsabilidades sociales; c) promover el

respeto mutuo, la tolerancia y la cooperación en el seno de la familia y de la

sociedad; d) promover la igualdad entre hombres y mujeres en la familia.

 

25. En situaciones en que las estructuras familiares se han visto

erosionadas o han quedado destruidas, como en el caso de conflictos, condiciones

de pobreza extrema o desastres naturales en que la reunificación familiar es

imposible, es importante promover otras disposiciones de protección, teniendo

siempre presente los intereses de los que necesitan ese cuidado.

 

26. La participación en el trabajo productivo, en otras actividades

económicas y en la adopción de decisiones económicas mediante distintas formas

de asociación incluidos los sindicatos y la participación de los empleados en la

empresa, son aspectos indispensables para la integración social y el bienestar.

Entre otras medidas importantes que hay que adoptar en este sentido cabe

mencionar el establecimiento y la expansión de las empresas pequeñas y medianas,

el aumento del potencial de empleo del sector no estructurado y el incremento de

su productividad, y la mayor distribución del capital accionario.

 

27. Los gobiernos deberían aumentar la calidad de las condiciones de trabajo y

empleo resguardando y promoviendo el respeto de los derechos básicos del

trabajador, incluida la prohibición de los trabajos forzosos y del trabajo de

los niños, la libertad de asociación y el derecho de asociarse y negociar

colectivamente, la igualdad de remuneración para hombres y mujeres por trabajo

de igual valor y la no discriminación en el empleo, aplicando plenamente los

convenios de la OIT a los Estados que sean partes en esos convenios, y teniendo

en cuenta los principios consagrados en esos convenios cuando se trate de

Estados que no son partes, con miras a lograr de esta forma un desarrollo y

crecimiento económico verdaderamente sostenibles.

 

28. Los sistemas fiscales justos y eficientes son un importante

instrumento para construir sociedades más inclusivas, tanto desde el punto de

vista de los efectos de la redistribución como de los recursos que crean en la

sociedad y los intereses que establecen en los servicios y sistemas de

protección social.

 

29. El desarrollo del potencial de la mujer y su participación activa son

indispensables para la integración social. Los programas y las políticas

deberían garantizar la igualdad de género mediante modificaciones de las

actitudes y las prácticas, estimular la plena participación y el desarrollo del

potencial de la mujer en la vida social, económica y política, promover el

equilibrio de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los

planos y mejorar el acceso a la propiedad de los recursos y a cargos de

responsabilidad. Deben combatirse activamente las actitudes discriminatorias y

los estereotipos. En este contexto, resultan fundamentales las políticas y

programas que permiten a mujeres y hombres conciliar la vida laboral con la vida

familiar.

 

30. La educación es un instrumento valiosísimo para promover la

participación y una fuerza poderosa de integración social. La igualdad de

acceso de todas las personas a la enseñanza y a la capacitación de alta calidad

es fundamental para promover el aprendizaje de por vida. La educación también

debe promover la tolerancia, la comprensión y el respeto de la diversidad

cultural, así como la solidaridad.

 

31. La información no es sólo un producto básico. El acceso a la

información es fundamental para la participación plena en todos los ámbitos de

la vida, incluso en la economía mundial. Se necesitan políticas que promuevan

enfoques nuevos, eficaces en función del costo, inclusivos y participatorios en

la generación, difusión y utilización de información. Para evitar que aumente

la brecha entre quienes poseen información abundante y quienes carecen de ella,

particularmente entre los países desarrollados y los países en desarrollo, deben

formularse estrategias para establecer prioridades y promover inversiones

adecuadas, incluido el acceso a la tecnología, a fin de promover la igualdad de

oportunidades para todos. En este contexto, se deben adoptar medidas para

promover el acceso de los países en desarrollo a la nueva "autopista de la

información".

 

32. Los medios de información constituyen vehículos para el ejercicio de

la libertad de opinión y de expresión, y deben ser sensibles a las muchas

necesidades de todos los individuos. El acceso de todos a los medios de

información, particularmente de los desfavorecidos y marginados, es fundamental

para aumentar la participación en todos los aspectos de la vida. Los medios de

información de base amplia, libres y pluralistas que tienen conciencia de sus

responsabilidades para con la sociedad y que pueden preservar y adaptar la

diversidad y la pluralidad de opiniones y perspectivas son esenciales para crear

sociedades inclusivas. Esto se aplica tanto dentro de los países como en el

seno de la comunidad internacional en general.

 

33. Para promover la integración de los objetivos de desarrollo social en

los planos local, nacional, regional e internacional, es preciso alentar a los

gobiernos, el sector privado y la sociedad civil a que examinen las

repercusiones de sus actividades en la integración social y en el desarrollo

social, entre otras cosas, mediante el análisis de las repercusiones sociales,

las auditorías sociales y la supervisión de las evaluaciones.

 

34. La asistencia y la cooperación técnica en los planos bilateral y

multilateral deberían basarse en el principio de la participación y los propios

países deberían fomentarlas. El diálogo de política entre los asociados para el

desarrollo debería basarse en el respeto mutuo.

 

35. En el contexto de la mundialización, el sistema de las Naciones Unidas

y la comunidad internacional, particularmente las instituciones financieras

internacionales, deben examinar más a fondo las consecuencias sociales de sus

políticas y programas.

 

36. La colaboración y las aportaciones de las comisiones regionales son

importantes para la aplicación del Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre

Desarrollo Social[4]. Se invita a las comisiones regionales a que, en el marco de

sus mandatos, organicen reuniones regionales de examen en preparación para el

examen mundial de seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social que

se realizará en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en

el año 2000.

 

37. Se alienta a los gobiernos a que proporcionen a la Comisión de

Desarrollo Social, en forma voluntaria, información sobre métodos e iniciativas

de participación específicos a todos los niveles. Se pide al Secretario General

que dé una amplia difusión a esta información para que la Comisión pueda

examinar periódicamente las lecciones aprendidas.

 

B. Aumento de la protección social, reducción de la vulnerabilidad

y el aumento de las oportunidades de empleo para los grupos que

tienen necesidades específicas

 

38. Las políticas que se ocupan de la vulnerabilidad deben basarse en una

comprensión adecuada de la pobreza y de la exclusión social. Su objetivo no

debe limitarse a prestar protección social sino que debe permitir a los

afectados salir de la pobreza.

 

39. Las políticas y los programas de desarrollo social deben crear un

entorno favorable para los grupos vulnerables, desfavorecidos y marginados, en

especial los pobres, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses,

proporcionándoles igualdad de acceso y oportunidades y facilitando su

contribución a la sociedad y, por consiguiente, al proceso de desarrollo

nacional.

 

40. Las experiencias de las personas pobres y marginadas deben ser tenidas

en cuenta por medio de técnicas de participación para que, de esta forma,

faciliten el mejoramiento de la eficacia de las políticas y los programas que

tratan de los intereses de esos grupos.

 

41. Para aumentar la protección social se requieren seguridad alimentaria,

servicios adecuados de atención primaria de la salud, acceso a fuentes de agua

limpia, a los sistemas de saneamiento, a la vivienda, a la educación, a recursos

como la tierra y el crédito, así como oportunidades de participar en la vida

comunitaria, particularmente para los grupos vulnerables, desfavorecidos y

marginados.

 

42. Donde existan sistemas oficiales de protección social, o sea posible

establecerlos, éstos deben desempeñar una función importante en la lucha contra

la vulnerabilidad y en el aumento de las oportunidades de empleo. Es necesario

ampliar y fortalecer esos sistemas y asignarles fines precisos en la medida que

permitan atender adecuadamente las necesidades de los grupos vulnerables,

desfavorecidos y marginados. Cuando corresponda, deben ser modernizados y

reformados para ajustarlos a las nuevas condiciones imperantes. Todos los

gobiernos, dentro de los límites de su capacidad, deben establecer o fortalecer

sistemas de seguridad social destinados a los que necesitan apoyo y cuidado.

 

43. Las disposiciones de protección social basadas en la solidaridad

cumplen una función importante en la lucha contra la vulnerabilidad y en el

aumento de las oportunidades de empleo, y deben ser fomentadas por los

gobiernos. Las redes de seguridad social para todas las personas son un

componente fundamental de las disposiciones de protección social basadas en la

solidaridad.

 

44. Es importante seguir estableciendo y fortaleciendo asociaciones que

permitan a la sociedad civil y al sector público cooperar con los gobiernos en

las políticas y los programas encaminados a reducir la vulnerabilidad.

 

45. Las políticas para reducir la vulnerabilidad deben apuntar a

fortalecer las redes y organizaciones de la comunidad, incluida la familia,

reconociendo el apoyo esencial que pueden suministrar.

 

46. La comunidad internacional debe ayudar a los países en desarrollo que

lo soliciten, a crear capacidades para elaborar y aplicar políticas y programas

destinados a eliminar los obstáculos que enfrentan todos los grupos vulnerables

y marginados, y facilitar un mayor acceso de esos grupos a la sociedad en todos

los aspectos.

 

47. Las estrategias y políticas que tratan de la vulnerabilidad deben

desembocar en programas que tengan en cuenta las condiciones particulares de la

vulnerabilidad en las zonas rurales y urbanas.

 

48. Se deben iniciar o fortalecer actividades para elevar la conciencia

pública y sensibilizar a la población respecto de la necesidad de facilitar un

mayor acceso y participación a los grupos y personas vulnerables, con miras a

crear sociedades mejor integradas.

 

49. La ampliación del empleo productivo es un medio fundamental para

erradicar la pobreza, que es una de las principales causas de la exclusión

social en todos los países. Hay que elaborar estrategias que tengan en cuenta

las necesidades especiales y las aptitudes de grupos diversos, ampliar las

oportunidades de empleo productivo y aplicar planes modestos de generación de

ingresos.

 

50. Está reconocida la eficacia y pertinencia de los programas de

microcréditos como instrumentos viables de erradicación de la pobreza,

generación de empleo productivo y estilos de vida sostenibles, así como para

desarrollar el potencial de las mujeres y otros grupos marginados. Por lo

tanto, hay que promover activamente los programas de microcréditos a nivel

nacional para desarrollar el potencial de los grupos pobres y marginados y con

miras a su integración en el proceso económico y político de la sociedad. En

este contexto, es fundamental contar con el apoyo de la comunidad internacional.

 

51. Los gobiernos deben adoptar medidas, en colaboración, cuando

corresponda, con empleadores y sindicatos, para eliminar la discriminación en el

empleo contra personas y grupos vulnerables, desfavorecidos y marginados. En

las políticas se deben tener en cuenta las necesidades especiales de los grupos

que son más vulnerables en el mercado de trabajo, y promover oportunidades para

desarrollar u obtener nuevas aptitudes. Las políticas laborales deben ser

particularmente sensibles a sus necesidades, incluso estableciendo la igualdad

de remuneración, las horas de trabajo flexibles, la protección adecuada de los

trabajadores a jornada parcial y el acceso a fuentes de información y

capacitación, así como la participación en sindicatos.

 

52. En los países donde haya desempleo juvenil elevado, habrá que redoblar

los esfuerzos encaminados a incrementar las oportunidades de empleo

satisfactorio para ellos.

 

53. Se debe prestar atención a la necesidad de conciliar la actividad

profesional con las responsabilidades familiares, tanto en el caso de los

hombres como de las mujeres, entre otras formas, por medio de servicios de

guardería asequibles, apoyo a las familias y arreglos laborales flexibles.

 

54. Es necesario que se reconozcan oficialmente el trabajo no remunerado

de utilidad social y las actividades voluntarias, con el fin de elevar la

conciencia sobre la importancia de estas actividades, en particular en el

contexto de la reducción de la vulnerabilidad y de sus consecuencias. Con este

fin, hay que fortalecer la labor sobre las metodologías apropiadas.

 

55. En los países en que el sector no estructurado de la economía es

importante, son esenciales las medidas que promuevan un entorno conducente a su

desarrollo. Se deben fomentar y promover el empleo autogenerado, los planes de

autoayuda y los medios de vida sostenibles y productivos, así como el desarrollo

de las cooperativas y las empresas pequeñas, y ampliar el acceso al

microcrédito, en particular el de los grupos vulnerables y marginados para

incrementar de esta forma su autosuficiencia.

 

56. La eliminación del trabajo de los niños se debe lograr como parte de

un programa más amplio en el que la sociedad preste asistencia alternativa u

oportunidades económicas; la OIT, en estrecha cooperación con el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otras organizaciones de las Naciones

Unidas, presta apoyo a las actividades nacionales para eliminar el trabajo de

los niños. El apoyo financiero continuado de la comunidad de donantes al

Programa Internacional de la OIT sobre la eliminación del trabajo de los niños,

es particularmente importante; la OIT debe continuar su labor normativa en

materia de trabajo de los niños, promoviendo la ratificación y aplicación de su

Convenio No. 138 relativo a la edad mínima de admisión al empleo (el Convenio

sobre la edad mínima, 1973)[5]. Los gobiernos deben apoyar la labor de la OIT

sobre la elaboración de un nuevo convenio relativo a la eliminación de las

formas más intolerables de trabajo infantil.

 

57. La educación en la primera infancia, tanto estructurada como no

estructurada, es un instrumento para reducir la vulnerabilidad y promover la

integración social proporcionando a todos los niños las aptitudes básicas que

les permitan establecer una base sólida para seguir aprendiendo. Es preciso

proporcionar suplementos nutritivos, inmunización y cuidado primario de la salud

a todos los niños, tanto de edad escolar como preescolar, para darles la

oportunidad de encarrilar mejor sus vidas.

 

58. Es preciso prestar especial atención a la adquisición por todos de

conocimientos básicos como la lectura, la escritura y la aritmética y capacitar

a todas las personas para que puedan adoptarse a los cambios tecnológicos,

económicos y sociales. Para mantener y aumentar sus posibilidades de empleo, es

importante que tengan acceso al aprendizaje permanente.

 

59. La educación general a todos los niveles, desde el preescolar, debe

contribuir a incrementar el entendimiento mutuo, la tolerancia y la comunicación

entre las culturas.

 

60. Se deben asegurar oportunidades de educación iguales a todos los

niveles para personas con discapacidades.

 

61. A todos los niveles del gobierno se deben adoptar medidas apropiadas

para reducir las tasas de abandono de la escuela, utilizando criterios amplios y

sensibles desde el punto de vista del género en relación con las causas y las

soluciones.

 

62. Las actividades culturales, los deportes y los servicios comunitarios

se cuentan entre las actividades que contribuyen a integrar a todas las personas

en la sociedad y, por lo tanto, deben ser alentadas y promovidas.

 

63. Se invita a las comisiones regionales a que, dentro de sus mandatos,

sigan estudiando cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad, incluida su

relación con la discriminación contra los grupos vulnerables, desfavorecidos y

marginados.

 

C. La violencia, la delincuencia y los programas relacionados

con las drogas ilícitas y el uso indebido de drogas como

factores de desintegración social

 

64. La violencia, la delincuencia y los problemas del uso indebido de

drogas y sustancias ilícitas plantean un grave desafío a la estructura social de

todas las sociedades y requieren la formulación de programas y políticas

específicos para su prevención y supresión. Estos programas y políticas deben

abordarse como parte de una estrategia integrada de desarrollo social y

económico que incluye medidas apropiadas para hacer frente a estos problemas

pero que, al mismo tiempo, procura comprender y eliminar las causas de tales

fenómenos.

 

65. Las mujeres se encuentran en una situación especialmente vulnerable

respecto de los actos de violencia, incluidas todas las formas de hostigamiento

y explotación sexuales. La violencia contra la mujer constituye una violación

de sus derechos humanos y libertades fundamentales y es incompatible con el

disfrute de esos derechos y libertades. La violencia en todas sus formas,

incluida la violencia en el hogar contra mujeres, niños, personas de edad,

migrantes y otras minorías, y personas con discapacidades, entorpece el

desarrollo e impide el pleno disfrute de sus derechos humanos y el logro de la

igualdad.

 

66. Los pobres, sobre todo las mujeres y los niños, a menudo son las

personas más vulnerables a todas las formas de violencia y abuso, incluida la

violencia en el hogar, el tráfico de mano de obra y con fines sexuales, el

delito y los conflictos sociales. Es importante que los sistemas de justicia,

los organismos de represión y los servicios gubernamentales y de asistencia a

las víctimas sean administrados de forma que, en la práctica, estén totalmente

al alcance de todos.

 

67. El uso indebido de drogas afecta de distinta manera a las mujeres y a

los hombres. Es necesario integrar la perspectiva del género en las estrategias

internacionales y nacionales contra el uso indebido de drogas lícitas e

ilícitas. La participación de la mujer en la planificación y ejecución de los

programas de prevención del uso indebido de drogas es la clave para garantizar

que se tengan debidamente en cuenta las cuestiones relacionadas específicamente

con la mujer. Hay una necesidad de contar con un mayor número de datos

desglosados por sexo e investigaciones sobre las diferencias relacionadas con el

género que se observan en el consumo de drogas. Deben ponerse a disposición de

la mujer y el hombre, sin discriminación alguna, centros de tratamiento y

desintoxicación para toxicómanos.

 

68. Los adelantos en las comunicaciones, el transporte y la tecnología han

dado carácter mundial a la violencia, la delincuencia y el problema de las

drogas ilícitas.

 

69. Si bien es a cada país que compete la responsabilidad principal de

la prevención del delito y la justicia penal, las actividades relacionadas con

la violencia, la delincuencia y las drogas ilícitas son de tal magnitud y tienen

un alcance transnacional tan importante que cuando se trata de formular y

aplicar medidas eficaces se requiere la cooperación y la coordinación

internacionales.

 

70. El hecho de que los países en desarrollo hacen frente a graves

problemas, en la medida en que deben luchar contra la falta de recursos, el

analfabetismo, el desempleo y el subempleo, y el deterioro de las economías, da

carácter imperativo a todas las formas de asistencia internacional. Hay que

subrayar también la necesidad de prestar asistencia para aliviar la pesada carga

que se impone a sus administraciones nacionales, el apoyo al marco jurídico

internacional y la cooperación en la aplicación de la ley. También hay que

prestar apoyo técnico para facilitar la aplicación efectiva de instrumentos

jurídicos.

 

71. La responsabilidad principal compete a las autoridades nacionales y

abarca la lucha contra la desintegración de las estructuras sociales, que

anteriormente pueden haber desalentado a los individuos de recurrir al uso

indebido, el tráfico o el cultivo y la producción ilícitos de drogas. La

promoción de una estructura social cohesiva, apoyando al mismo tiempo

oportunidades de acceso a fuentes lícitas de empleo e ingresos, puede contribuir

a la calidad del entorno en que vive el individuo y puede constituir la mejor

garantía contra el recurso al uso indebido o el tráfico de drogas. Corresponde

a la cooperación internacional la función clave de complementar las actividades

nacionales.

 

72. El problema de las drogas ilícitas tiene aspectos múltiples, por lo

que es preciso que todas las estrategias de lucha contra ese flagelo se basen en

un criterio equilibrado y amplio que tenga en cuenta todos los aspectos del

problema, con miras a fortalecer la cooperación internacional en el marco de la

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y

Sustancias Sicotrópicas de 1988[6], y otras convenciones e instrumentos

internacionales pertinentes. Los vastos recursos humanos y financieros

disponibles para el comercio de drogas ilícitas, que en muchos casos exceden los

recursos de los gobiernos nacionales, han dado carácter imperativo a la

coordinación y la cooperación internacional para aplicar estrategias eficaces

contra las drogas. Los países afectados deben recibir toda la asistencia

posible, incluida la asistencia técnica, para mejorar la capacidad de todos los

organismos que combaten el tráfico ilícito de drogas.

 

73. La aplicación del principio de la responsabilidad compartida es

fundamental para todas las actividades relacionadas con la cuestión de la

fiscalización internacional de drogas.

 

74. El desarrollo alternativo e integrado es un componente importante de

todo criterio para resolver el problema de los estupefacientes, incluido el

problema de los cultivos ilícitos. Debe promoverse este criterio mediante

medidas de participación en el desarrollo social y económico en los países

afectados, entre otras cosas, mediante la sustitución de cultivos y, cuando sea

necesario, con el apoyo de medidas de represión.

 

75. El uso indebido de drogas por los jóvenes aumenta en muchas partes del

mundo, y la situación es particularmente crítica entre los jóvenes socialmente

desfavorecidos. El apoyo de una vida familiar estable puede proporcionar una

protección vital contra el uso indebido de drogas, especialmente entre los

menores. Ahora bien, también es posible utilizar a grupos de jóvenes como

agentes activos en la prevención del uso indebido de drogas. La cultura

orientada hacia los jóvenes puede ser un valioso instrumento de concienciación.

Se deben utilizar todas las tecnologías de la información, incluida la Internet,

para difundir información sobre las consecuencias negativas del uso indebido de

drogas y sobre la forma de buscar asistencia.

 

76. La educación es un mecanismo importante para prevenir el uso indebido

de drogas por niños y jóvenes. Conviene alentar a las instituciones de

educación a que pongan en marcha programas de estudios que incluyan información

sobre los peligros del uso indebido de drogas y la toxicomanía, y proporcionar

libros de texto apropiados. Las escuelas deben también suministrar servicios

de orientación para estudiantes y padres, y se debe impartir capacitación a los

maestros a fin de prepararlos para estas actividades. Las actividades

extracurriculares, como los eventos culturales y los deportes, pueden utilizarse

para emplear el exceso de tiempo libre y sin supervisión. Se deben desarrollar

programas especiales para los jóvenes fuera del sistema educativo

estructurado.

 

77. Hay que dar oportunidad a los jóvenes para que expresen sus opiniones

y discutan entre ellos los problemas relacionados con el uso indebido de drogas

y la toxicomanía, y alentarlos a participar en la determinación de soluciones

eficaces.

 

78. Es preciso proporcionar capacitación e información pertinente y

prestar asistencia a los trabajadores que tengan problemas de uso indebido de

drogas y otras sustancias. Como parte de su rehabilitación, debe proporcionarse

formación profesional a los toxicómanos, a fin de ayudarlos a obtener trabajo e

integrarse mejor a la sociedad.

 

79. Las políticas para prevenir, tratar, rehabilitar y reintegrar

socialmente a los toxicómanos deben incluir capacitación adecuada para médicos y

trabajadores sociales que estén en contacto con los toxicómanos. Para mejorar

la prevención y ayudar con eficacia a los toxicómanos, es preciso que se

conozcan los efectos inmediatos y a largo plazo del uso indebido de drogas en la

salud física y mental y en la vida social de la persona, y que se distribuya

información sobre tratamiento apropiado y organizaciones especializadas.

 

80. Hay que reconocer y promover la función clave que corresponde a los

medios de información a fin de garantizar la difusión de información sobre los

peligros del uso indebido de drogas y la toxicomanía.

 

81. Se reconoce cada vez más que la sociedad civil, incluidas las

organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria,

deben actuar como asociados de los gobiernos en la lucha contra el uso indebido

de drogas. Estas organizaciones trabajan activamente sobre todo en los campos

de la prevención, la rehabilitación y la integración social. En muchos países,

las organizaciones no gubernamentales son las principales proveedoras de

vivienda y asesoramiento a las víctimas de la violencia. Es conveniente

continuar prestando apoyo a esas organizaciones.

 

82. Es preciso respaldar la función de los órganos pertinentes de las

Naciones Unidas, en particular el Programa de las Naciones Unidas para la

Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), en la reunión sistemática de

datos desglosados por sexo, así como en la investigación de los efectos sociales

y las causas subyacentes del uso indebido de drogas y otras sustancias. Estas

actividades deben realizarse en estrecha cooperación con los órganos, fondos y

programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, así como con otras

instituciones pertinentes. El PNUFID cumple una importante función en el

suministro de asistencia técnica para la reducción de la demanda. En este

contexto, debe alentarse el intercambio de las mejores prácticas aplicadas a los

niveles subregional, regional e internacional.

 

83. Esperamos con interés el período extraordinario de sesiones de la

Asamblea General, de junio de 1998, dedicado a la lucha contra la producción, la

venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y

sustancias sicotrópicas y actividades conexas, y alentamos a la comunidad

internacional a que asegure su éxito. En este contexto, es conveniente la

participación a un nivel político alto. Tomamos nota con reconocimiento de la

decisión ya tomada por varios Jefes de Estado y de Gobierno de participar en el

período extraordinario de sesiones.